Cláusulas suelo: Reclamar sin haber sido engañado

Frente a lo que mucha gente cree, no hace falta haber sido “engañado”, ni tampoco ser un ignorante, para tener derecho a reclamar la anulación de la cláusula suelo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su reciente sentencia, en la que ordena la devolución retroactiva de todas las cantidades indebidamente percibidas por el banco por causa de las “cláusulas suelo” que sean declaradas nulas, deja claro lo siguiente:

«El Tribunal Supremo consideró que las mencionadas cláusulas, que se refieren a la definición del objeto principal de los contratos de que se trata, resultaban gramaticalmente inteligibles para los consumidores y, por tanto, cumplían el requisito de redacción de manera clara y comprensible que exige el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. De este modo, para dicho Tribunal no procedía considerar que tales cláusulas tuvieran carácter abusivo, de conformidad con la jurisprudencia formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, EU:C:2010:309).

No obstante, basándose específicamente en los principios formulados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180), el Tribunal Supremo consideró que la exigencia de transparencia, prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, debe entenderse referida a la observancia no sólo de un aspecto formal sino también de un aspecto material, con el mismo alcance que la exigencia contemplada en el artículo 5 de la misma Directiva y relacionado con el carácter suficiente de la información que se facilita a los consumidores, en el momento de la celebración del contrato, acerca de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas para ellos de la aplicación de las cláusulas relativas, en particular, al objeto principal del contrato.

 Pues bien, según el Tribunal Supremo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013, no se cumplía la exigencia de transparencia material, en la medida en que las entidades bancarias de que se trataba no habían facilitado tal información a los consumidores en el momento de la celebración de los contratos de préstamo que contenían una cláusula suelo. Así pues, el Tribunal Supremo procedió a analizar el carácter eventualmente abusivo de las mencionadas cláusulas, a la luz de los criterios generales de buena fe, equilibrio y transparencia enunciados en el artículo 3, apartado 1, en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5 de la Directiva 93/13, y declaró la nulidad de esas cláusulas suelo en razón de su falta de transparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los prestatarios en cuanto a las consecuencias concretas de la aplicación de las mismas en la práctica.»

 Es decir, que no es que el banco hubiera engañado formalmente sobre el contenido literal de la cláusula, que mucha gente podría entender perfectamente en su literalidad, sino que lo que ocurrió es que no ofreció al cliente toda la información que hubiera sido necesaria para que éste pudiera valorar el alcance económico y jurídico de la cláusula en cuestión. Por ejemplo, no informó de que era previsible un escenario en el que en el Euribor bajara por debajo del “suelo” pactado, cosa que sabía el banco y que, de haber sabido el cliente, probablemente éste no habría aceptado dicho “suelo”, aunque entendiera perfectamente su significado y el texto literal de la cláusula fuera formalmente claro.

 Por tanto, estamos ante casos en que no es que el cliente desconociera lo que pactaba con el banco, sino que lo aceptaba conociendo menos información de la que el banco tenía a su disposición y que habría sido relevante para tomar la decisión. Eso es lo que significa “falta de transparencia”, que es el motivo fundamental de la anulación de las “cláusulas suelo”. Por eso se puede pedir su anulación aun en el caso de que el cliente hubiera entendido perfectamente el tenor literal de la cláusula, siempre que el banco no le hubiera ofrecido toda la información necesaria para conocer el alcance económico y jurídico de la operación, como, por ejemplo, los escenarios razonablemente previsibles de evolución del Euribor.

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