Cláusulas suelo, retroactividad total: La solución más lógica

A pesar de que en los últimos meses se había sembrado cierto pesimismo acerca de cuál sería la decisión que finalmente adoptaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto, sobre todo después de que el 13 de julio de 2016 el Abogado General Paolo Mengozzi emitiera sus conclusiones sosteniendo una postura contraria a la retroactividad total de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, lo cierto es para que muchos, entre los que nos encontrábamos, era de esperar que el Tribunal Europeo, menos dado al criterio de oportunidad que los tribunales nacionales, no cambiara su posición acerca de la interpretación de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas. Sencillamente, porque esta era la conclusión más lógica y, al menos hasta el momento, el Tribunal de Justicia de la Unión siempre ha hecho gala de una lógica exquisita.

Este un fragmento de la magnífica sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo, nº 32/14, de 10 de febrero de 2014, cuyos argumentos hemos hecho nuestros en varias ocasiones y en la que se defiende la total retroactividad con base en doctrina del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

«En cuanto a las consecuencias de la nulidad declarada, la parte actora pretende la devolución de las cantidades que a lo largo del contrato la demandada ha cobrado en aplicación de la cláusula nula. La entidad demandada se ha opuesto a tal petición invocando la propia Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.013 que declara la irretroactividad de la sentencia y determina que no afectará a los pagos hechos durante la vigencia del contrato y hasta la fecha de la citada resolución.

Pues bien, sentadas así las posiciones de las partes, en relación con las consecuencias de la declaración de nulidad de una cláusula contractual, ha de recordarse que tanto en el Art. 6.1 de la Directiva 93/13, como en el vigésimo primero considerando de ésta, se establece que el contrato celebrado entre el profesional y el consumidor seguirá siendo obligatorio para las partes «en los mismos términos», si éste puede subsistir «sin las cláusulas abusivas», de lo que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio del 2012 sostiene que es contrario al Derecho Comunitario la facultad que se concede a los Jueces por parte del TRLGDCU de integrar las cláusulas abusivas, con la consecuencia de que ante una cláusula abusiva el Juez debe inaplicarla en su integridad. Razona el Tribunal que si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, se eliminaría el efecto disuasorio de las normas protectoras del consumidor, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando se declare su nulidad, el contrato se integrará por el juez nacional en lo que fuere necesario. Y así establece en su fallo que: “2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva”.

(…).

Y, además de las Sentencias ya mencionadas, cabe recordar que la STJUE 30 de mayo del 2013 refiere que: “El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena contractual impuesta por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el Derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha cláusula al consumidor”.

Y es que, de permitirse la aplicación de la cláusula suelo hasta la fecha en que se ha declarado su nulidad se estaría permitiendo una especie de vinculación parcial a la misma, en definitiva, una moderación de sus efectos, lo que va en contra de lo establecido por el TJUE al interpretar la Directiva antes reseñada».

La doctrina del Tribunal Europeo ha estado siempre muy clara. Las cláusulas abusivas no pueden tener eficacia alguna y el juez que las declara nula no tiene potestad alguna para corregirlas ni en su contenido ni en su aplicación temporal, y así lo vuelve a dejar sentado en el caso que nos ocupa, tal como, de forma admirablemente sintética, se expone en el Comunicado de Prensa dado a conocer hoy por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, según la Directiva 93/13, las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor, en las condiciones estipuladas por los Derechos de los Estados miembros, incumbiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas, de forma que  incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de tal manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, de este modo, no produzca efectos vinculantes para el consumidor.

La limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, según concluye el comunicado de prensa del Tribunal Europeo, priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo (9 de mayo de 2013) del derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.

Más claro, el agua.

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